La aprobación de la reforma constitucional que prohíbe el porte y consumo de la dosis personal, planteó el debate sobre las obligaciones que tendrá el Gobierno en materia de inversión en infraestructura y personal capacitado para atender a los adictos y la efectividad de la medida para disminuir el consumo.La reforma compromete al Estado a establecer medidas y tratamientos de orden pedagógico, profiláctico o terapéuticos para las personas que consuman sustancias psicoactivas, siempre y cuando el adicto acceda a los tratamientos de forma voluntaria.
Al respecto, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, explicó que la ley que prohíbe la dosis mínima será una herramienta efectiva para cuidar la salud de los colombianos, pero que al mismo tiempo representará una fuerte asignación del presupuesto para llevarla a cabo.
"A corto plazo va a exigir unos recursos importantes para poder enfrentar el tratamiento que requieren personas drogadictas", señaló el Ministro, quien informó que Colombia tiene entre 300 mil y 500 mil consumidores de alucinógenos.
Según cifras que maneja Minprotección, atender a las personas que consumen drogas costará cerca 120 mil millones de pesos.
Precisamente, el director nacional de Estupefacientes, Omar Figueroa, anunció que ya se destinaron tres millones de dólares para realizar en el 2010 una campaña de prevención de consumo de drogas en el país; también indicó que la intención es buscar que estos tratamientos sean incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), siendo catalogados en el área de enfermedades mentales.
Efectividad de la medida
Para Alejandra Salcedo Monsalve, presidente de la Asociación Colombiana de Toxicología, esta iniciativa es positiva porque maneja el concepto de rehabilitación; aunque consideró que el sistema de salud en Colombia no cuenta con el soporte para atender a un paciente adicto.
Con la experiencia de manejar pacientes con este tipo de adicciones, la toxicóloga determinó que la atención a un consumidor de drogas es una prioridad que necesita de un equipo multidisciplinario que cubra integralmente sus necesidades.
La profesional señaló que es útil la ley para la salud pública si genera programas de rehabilitación y no de represión o castigo.
Asimismo agregó que el tema no debería ser la dosis ni de la cantidad sino las alteraciones que genera su uso porque son sustancias tóxicas.
Rehabilitar o judicializar
Álvaro Enciso es un ex adicto y ahora es el Presidente de la Fundación La Luz, que se encarga del proceso de rehabilitación de jóvenes que caen en las drogas.
Él fue una de las personas que apoyó desde un comienzo la reforma, porque para él, no tiene sentido que por un lado se ataque la producción, el tráfico y la comercialización de estupefacientes y por otro lado se permite el consumo en dosis mínimas.
Como ex adicto y ahora rehabilitador, Enciso cuestionó que la adicción sea tomada como una manifestación de la libre personalidad, como lo planteó el ex magistrado Carlos Gaviria en la sentencia (C-221/94) y posición desde la cual, el porte y consumo de la dosis personal se mantuvo legal.
El Nuevo Dia.
Al respecto, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, explicó que la ley que prohíbe la dosis mínima será una herramienta efectiva para cuidar la salud de los colombianos, pero que al mismo tiempo representará una fuerte asignación del presupuesto para llevarla a cabo.
"A corto plazo va a exigir unos recursos importantes para poder enfrentar el tratamiento que requieren personas drogadictas", señaló el Ministro, quien informó que Colombia tiene entre 300 mil y 500 mil consumidores de alucinógenos.
Según cifras que maneja Minprotección, atender a las personas que consumen drogas costará cerca 120 mil millones de pesos.
Precisamente, el director nacional de Estupefacientes, Omar Figueroa, anunció que ya se destinaron tres millones de dólares para realizar en el 2010 una campaña de prevención de consumo de drogas en el país; también indicó que la intención es buscar que estos tratamientos sean incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), siendo catalogados en el área de enfermedades mentales.
Efectividad de la medida
Para Alejandra Salcedo Monsalve, presidente de la Asociación Colombiana de Toxicología, esta iniciativa es positiva porque maneja el concepto de rehabilitación; aunque consideró que el sistema de salud en Colombia no cuenta con el soporte para atender a un paciente adicto.
Con la experiencia de manejar pacientes con este tipo de adicciones, la toxicóloga determinó que la atención a un consumidor de drogas es una prioridad que necesita de un equipo multidisciplinario que cubra integralmente sus necesidades.
La profesional señaló que es útil la ley para la salud pública si genera programas de rehabilitación y no de represión o castigo.
Asimismo agregó que el tema no debería ser la dosis ni de la cantidad sino las alteraciones que genera su uso porque son sustancias tóxicas.
Rehabilitar o judicializar
Álvaro Enciso es un ex adicto y ahora es el Presidente de la Fundación La Luz, que se encarga del proceso de rehabilitación de jóvenes que caen en las drogas.
Él fue una de las personas que apoyó desde un comienzo la reforma, porque para él, no tiene sentido que por un lado se ataque la producción, el tráfico y la comercialización de estupefacientes y por otro lado se permite el consumo en dosis mínimas.
Como ex adicto y ahora rehabilitador, Enciso cuestionó que la adicción sea tomada como una manifestación de la libre personalidad, como lo planteó el ex magistrado Carlos Gaviria en la sentencia (C-221/94) y posición desde la cual, el porte y consumo de la dosis personal se mantuvo legal.
El Nuevo Dia.
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